Rafael Curruchiche y Consuelo Porras no son conscientes ni del terreno que pisan ni de la fuerza de su adversario. Han juzgado el tamaño del iceberg basándose en la masa emergente y no en la masa sumergida pues han concebido la victoria de Arévalo en las presidenciales como un evento político electoral y no como lo que realmente es: un fenómeno social e histórico que no puede ser contenido o reprimido.
La victoria de Arévalo, más que una manifestación de las preferencias electorales de la ciudadanía, ha sido una manifestación social del rechazo generalizado de los ciudadanos contra el sistema político, producto de la acumulación histórica del resentimiento y de la desconfianza popular contra los poderes fácticos. Esto significa que el problema del Ministerio Público no es Arévalo, es el pueblo guatemalteco en actitud de franco hartazgo. Arévalo y Herrera son solo la ola frontal del tsunami, y representan, junto a la descomunal cantidad de votos nulos de la pasada elección, una de las dos puntas visibles del témpano de hielo debajo de las cuales se erigen las mismas masas que sacudieron a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti (por exactamente las mismas razones). En ese sentido, obstaculizar la toma de posesión del presidente electo torciendo la interpretación de la realidad y de las leyes es como improvisar un dique para contener el desborde de un río, es creer que la sustitución de un ladrillo evitará el inminente colapso de toda la estructura.
Curruchiche y Porras no son conscientes de que ellos, por el contrario, representan en la psique colectiva de los guatemaltecos dos piezas de ese sistema corrupto y de que su papel en el escenario político es el de mecanismos de autoprotección, el de brazos armados de ese inmenso Goliat todopoderoso al que le llegó su hora bíblica auspiciada por un aparentemente inofensivo sociólogo de puntería implacable. Los actores del Ministerio Público tampoco son conscientes del efecto “bola de nieve” que ellos mismos han causado en el pueblo de Guatemala pues al pretender obstaculizar la toma de posesión de Arévalo lo han promovido al estatus de símbolo disruptivo; han fortalecido, multiplicado y enardecido a los adeptos del presidente electo tornando las dudas de su potencial como opción redentora en una certeza absoluta debido al escozor que su elección ha causado en las altas esferas del poder.
No hace falta ser jurista para comprender que es cínico pretender burlar la voluntad democrática de cientos de miles de guatemaltecos expresada en las urnas alegando irregularidades en la inscripción del partido político al cual estos mismos ciudadanos han convertido en partido oficial; esto es tan absurdo como embargarle la cosecha a un agricultor alegando que ha tomado sin permiso dos mazorcas de su propia milpa. Lo que hace particularmente caricaturesco este desenlace es que la resolución de que se vale al Ministerio Público para perseguir políticamente a las autoridades del tribunal electoral, a las autoridades electas y a los integrantes del partido Semilla es que provenga de un juez ajeno a la materia que se autoatribuye facultades de juez electoral y constitucional.
Ni el presidente Giammatei ni la fiscal general tienen la solvencia moral y jurídica para invocar el respeto a un Orden Constitucional que ellos mismos han transgredido y que la ciudadanía, y particularmente las comunidades ancestrales de Guatemala, solo intentan defender de forma pacífica. Así ha sido declarado en el último informe leído ante la Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por su secretario general cuya mediación, irónicamente, solicitó el mismo gobierno actual de Guatemala. La insurrección popular es un derecho de última ratio que se ejerce precisamente cuando los detentadores del poder vulneran el orden constitucional. No se puede responsabilizar, pues, a la sociedad de actos que son consecuencia legítima de causas ilegítimas que el mismo gobierno ha ocasionado, y menos ahora que el árbitro se ha pronunciado al respecto. La fiscal general Consuelo Porras tiene una factura onerosa qué pagar a los guatemaltecos (desde la persecución política a jueces y periodistas, algunos en el exilio), y como diría Braulio en una de sus canciones más populares “ya la cuenta de su amor está por fin en números rojos” y a estas alturas ya tendría que “haber hecho el balance y al final abrir los ojos” y renunciar al cargo con el resto de honorabilidad que le quede.
Giammatei, las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio Público han pasado inadvertida aquella estrofa del Himno Nacional de Guatemala que explica de forma muy vehemente el espíritu y el sentido de las protestas pacíficas de la ciudadanía, pues “aunque sus hijos valientes y altivos veneren la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar”.
