Los asuntos públicos son como los icebergs, uno solo ve la punta del témpano, pero ignora todo lo que hay debajo. Uno mira los pasos a desnivel, puentes, carreteras, edificios de apartamentos alzándose sobre los cerros, hoteles y restaurantes adueñándose de espacios que se supone públicos en playas o en áreas protegidas, pero lo que uno no mira son todos esos negocios turbios en los que políticos, empresarios y toda su parentela han hecho, hacen y seguirán haciendo su agosto con cada adquisición de inmuebles, con cada autorización, con cada concesión, con cada soborno del compadre del funcionario público. ¿De dónde cree usted que provienen todos esos escándalos de corrupción que descubrimos años después, cuando ya los implicados navegan cómodamente en un yate por el Mediterráneo, muy lejos de la justicia? ¿Por qué cree usted que es tan grande el afán de los políticos, que se parten la crisma por apoderarse del gobierno central y de los gobiernos municipales? ¿Y qué hace usted como ciudadano responsable para impedir que la corrupción se apropie y desmejore lo que nos pertenece? ¿Votar? ¿Para qué? ¿Para dar la oportunidad a otros de que continúen con la nefanda tradición? Bueno, por algo nos llevamos los laureles en índices de corrupción.
¿Se ha preguntado alguna vez qué debió pasar para ver ese enorme y moderno edificio de apartamentos en la cima de la montaña en la que hace tres años todavía había zorros y gatos de monte, en algún lugar de la urbe donde terminaba la ciudad y comenzaba la selva? ¿Se ha preguntado lo que debió pasar para ver todos esos hoteles y restaurantes a las orillas del lago o entre los riscos que golpea el mar? ¿Se construyeron sobre inmuebles privados, sobre espacios públicos o zonas protegidas? ¿Se hicieron los estudios concienzudos de impacto ambiental? ¿Qué dijo y qué no dijo el Ministerio de Salud? ¿Y los vertidos? ¿Y las aguas negras? ¿Y el tráfico y la emisión de gases? ¿Y los drenajes? ¿Y los árboles? ¿Y los animales? ¿Se quedaron sin agua los vecinos? ¿Quién asumió los costos sociales de todos estos negocios hartamente lucrativos de la construcción? ¿O pesaba más la influencia de los deudos del presidente, el compadre diputado o la necesidad de financiar la campaña al alcalde a cambio del “favor” que cualquier consideración sobre daños a terceros? ¿A quién le importan todos estos perjuicios sociales si el pueblo cree que con votar en las elecciones ha cumplido con sus responsabilidades políticas, si los vecinos de las localidades afectadas, ingridos cada uno en su parcela, no pueden hacer frente a estos monstruos con el poder político de su lado y con equipos legales capaces de absolver a Judas de la condena eterna? ¿Quién denuncia las irregularidades en la distribución del agua en Valle El Ángel, quien supervisa las construcciones indiscriminadas de hoteles y restaurantes en el cerro El Afate al pie del Lago de Coatepeque? ¿Quién defiende los espacios verdes en la zona urbana, en la Colonia Escalón, Colonia Utila, Lomas de Altamira, o la proliferación de negocios calle al Volcán? ¿Quién le dice al COAMSS que la normativa de ordenamiento territorial es un chiste caro? ¿Quién defiende a los pescadores, cuando les prohíben el ingreso a las playas que se supone propiedad del Estado? Y si no hay medios altruistas que difundan estas arbitrariedades, ¿cómo nos enteramos de lo que sucede frente a los cien ojos dormidos de la ciudadanía? Claro que el crecimiento demográfico frenético demanda eficiencia en la gestión del espacio, y que la construcción vertical es una necesidad; claro que es preciso que sean atractivos los espacios turísticos, pero nunca a costa de pasar por encima del derecho a la propiedad, al Medio Ambiente, a la Salud Pública, o de faltar a la transparencia en los negocios públicos, porque como lo dice lapidariamente nuestra Carta Magna: “el interés público tiene primacía sobre el interés privado”.
